El pasado viernes 3 de abril la Lic. Andrea Sayago, Bioanalista al servicio del Hospital Dr.Pedro Emilio Carrillo de Valera, estado Trujillo, fue vinculada con la circulación de copia de
la orden para exámenes médicos de una paciente diagnosticada con el Covid-19; luego de
lo cual autoridades civiles y militares presentes en el hospital la coaccionaron para que
renunciara y, más tarde fue detenida por los órganos de seguridad del Estado, en
circunstancias poco transparentes, sin cumplir con los presupuestos legales y
constitucionales que rigen la materia y en la actualidad está bajo arresto domiciliario al ser
imputada por el supuesto de “Uso indebido de información privilegiada a cargo de
funcionario público”.
Ante esos hechos la ALIANZA VENEZOLANA POR LA SALUD considera necesario comenzar
por recordar las reiteradas denuncias que ha venido haciendo sobre la grave crisis sanitaria
que desde hace más de ocho años viene padeciendo el país, caracterizada por la carencia o
escasez de medicamentos, insumos y materiales médico-quirúrgicos, en general y, que en
materia de bioanálisis se expresa en deficientes equipos de laboratorio clínico, controles y
calibradores; reactivos y pruebas diagnósticas, y otros elementos que permitan cumplir con
los requerimientos establecidos en el tamizaje de enfermedades transmisibles y de
obligatorio descarte como son hepatitis B, hepatitis C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas,
sífilis y virus linfotrópico humano en las donaciones de sangre, así como con el
incumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio en todos los aspectos del tipiaje de
la sangre, pruebas de compatibilidad, preparación de componentes, almacenamiento y
transporte de la sangre y hemoderivados. A lo anterior se une la diáspora de profesionales,
técnicos y trabajadores de la salud en búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que ha
venido obligando a los pocos que se quedan a asumir con fuerzas menguadas, por el
cansancio, las necesidades y el hambre, la atención de los pacientes. Cabe destacar que este
deterioro no es nuevo ni incipiente y fue reconocido incluso por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien llegó a señalar en el año 2012 que los “viejos hospitales públicos” eran “una
vergüenza para la Revolución”.
Por otra parte, la ALIANZA VENEZOLANA POR LA SALUD también ha mostrado su pública
preocupación por la erosión de las instituciones democráticas, violaciones de derechos
humanos y garantías fundamentales en el país, expresadas entre otras en detenciones
arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes, muchos de ellos trabajadores de la salud,
hasta llegar a las violaciones diarias al derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana
que han sido objeto de inquietud, alarma y denuncia por parte de ciudadanos, instancias
nacionales e internacionales y por otras organizaciones no gubernamentales.
En esta oportunidad, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país con
una red pública de salud atomizada, derruida e incapaz de dar respuesta, en condiciones de
normalidad de circunstancias, a las necesidades ordinarias de los ciudadanos del país, la
pandemia mundial del Covid-19 exacerba exponencialmente las probabilidades de convertir
a pacientes y personal de salud en víctimas mortales del virus, como quizás no ocurra en
ningún otro lugar de la Región ni del mundo; a lo que se suma la opacidad con la que las
autoridades del país vienen tratando la información oficial que incluso llega a ser
contradictoria y deja al personal sin rutas claras de actuación.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asigna al Estado la tarea
fundamental en la garantía de la vida, la libertad, la justicia, el trabajo, la ética, la dignidad
humana, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos; en atención a
lo cual, si la Lic. Sayago hubiese cometido una falta administrativa, lo que cabía era
someterla a un procedimiento administrativo, o si fuere el caso y si se presumiere la
comisión de un delito, a una investigación penal, haciéndole saber los hechos que se le
imputaren, conforme a los preceptos que rigen en un Estado de derecho, con todas las
garantías procesales a las que ha lugar. La renuncia es un acto jurídico, individual y
libérrimo, por lo que al forzar a la Lic. Sayago a renunciar a su trabajo se vulneraron sus
derechos civiles, políticos y sociales; al detenerla ilegítimamente, se buscó quebrantar su
integridad física y moral, lo que marca un nuevo y peligroso precedente, cuyo objetivo
ulterior es reprimir y amedrentar al personal de salud, para que no denuncie las precarias
condiciones en las que realiza su labor y el riesgo que corren conjuntamente con las
personas que necesitan asistencia y cuidados. A todo evento, se contravienen los principios,
garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la
República; se resquebraja aún más el andamiaje institucional del país y obstruye, la
construcción de vías para afrontar, de manera conjunta, oportuna y eficaz, la atención de
cualquier situación de emergencia o brote de enfermedades, y especialmente, una tan
grave como la crisis del Covid-19.
La ALIANZA VENEZOLANA POR LA SALUD consciente de que el silencio viene a erigirse en
cómplice de la impunidad y deja abiertas las puertas a la injusticia y el olvido, en ejercicio
de los preceptos nacionales e internacionales que rigen la materia de derechos humanos y
muy especialmente, de los derechos de sus agremiados exige: • El cese al hostigamiento y represión que vienen sufriendo quienes trabajan en los
centros de salud públicos, al denunciar la contravención de las normas de
bioseguridad en la que prestan sus servicios e invoca el derecho de todo profesional
a expresarse libremente y a promover su seguridad y la de sus compañeras en
previsión de riesgos y potenciales lesiones a su integridad física, su salud y su vida.
• La apertura de una investigación sobre lo sucedido en el caso de la Bioanalista
Andrea Sayago para que, se fijen las responsabilidades del caso.
• La restitución inmediata de la libertad personal y laboral de la lic. Andrea Sayago
Caracas, a los 6 días del mes de abril de 2020
Debemos organizarnos, por estos medios, todos los médicos dispuestos a luchar para dar un buen servicio de salud técnico, profesional y no politizado. Luchar contra estas bestias apocalípticas en lo individual y en lo general.